El canciller Eladio Loizaga y las autoridades de la Itaipú tuvieron un duro cruce con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la aplicación de la Nota Reversal 01/2005, que modificó el tratado e incorporó los gastos sociales, aún sin que fuera ratificada.
En el acuerdo de referencia, suscripto por los gobiernos de Brasil y Paraguay en Montevideo, se constituyen los conceptos de responsabilidad social y ambiental como nuevos componentes de la actividad de generación de energía; por consiguiente, existe una modificación sustancial del tratado, lo que implica que para su entrada en vigencia, debe ser sometida a la aprobación parlamentaria.
Sin embargo, el canciller Eladio Loizaga sostuvo ayer que “la duda que tienen (algunos senadores) es que piensan que esa nota debe ser sometida al Congreso y nosotros decimos que no, porque es una nota en la que se acuerda un entendimiento en la aplicación de ambos conceptos, la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental”.
Añadió que es un programa que se aplica desde 1999 y “lo que se hizo con esta nota reversal es dar una certeza a todo esto y acordar que la misma está incluida en el programa de trabajo de responsabilidad social de Itaipú en ambos casos, tanto en responsabilidad social como medio ambiente”.
Para el senador Miguel Abdón Saguier, lo manifestado por Loizaga así como por las autoridades de la Itaipú, encabezadas por su director James Spalding, es gravísimo, puesto que se trata de un acto viciado de ilegalidad y, por consiguiente, no puede constituir derecho y no puede generar ninguna norma válida aunque se venga haciendo hace tiempo. “La ilegalidad no puede crear un precedente para seguir haciendo lo mismo”, insistió.
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