Preguntado sobre las denuncias realizadas por el Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sobre el
Preguntado sobre las denuncias realizadas por el Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sobre el particular, el legislador colorado manifestó: “Yo conozco la industria paraguaya, fui ministro de Industria y Comercio durante cinco años. No sé si ese mismo pupitre que se pidió se puede hacer acá, pero sí se pueden hacer pupitres espectaculares en Paraguay por menos de 97 dólares. Es lo que yo puedo asegurar, y si me hubieran consultado antes, hubiese insistido en que sea una licitación abierta solamente para industrias paraguayas”.
Consultado quién o quiénes se benefician con esta adjudicación, contestó: “En teoría, el beneficio es que rápidamente van a haber 350 mil nuevos pupitres en las escuelas y los chicos van a tener donde comer y demás. Pero si llevamos más de 30 años tratando de enmendar nuestro proceso educativo, creo que hubiera sido sano para todos una licitación abierta a empresas paraguayas, con precios transparentes que todo el mundo sepa, y lo mejor (hubiera sido) esperar seis meses o hasta un año. No le íbamos a dañar a nadie”.
Requerido si esto daña al Gobierno, dijo: “Lastimosamente, la figura del presidente de la República (Santiago Peña) se ve desfavorecida y va cayendo su capital político, porque estas son las cosas que la gente no quiere. Si se consiguieron US$ 1.950 millones adicionales en la negociación del anexo de viejo de ITAIPU con Brasil, y en las tarifas, eso se debería revertir a la gente, pero con mucho mayor transparencia, para mi gusto”.
Preguntado si los aliados del Gobierno en el Congreso también pueden ser afectados por esta decisión, manifestó: “El Congreso, del que yo formo parte, le otorgó al Ejecutivo absolutamente todo lo que nos pidió. Somos conscientes de que sus acciones van a repercutir positiva o negativamente sobre sus aliados. Pero, hay que poner bien en claro que la administración, la decisión, la adjudicación y las eventuales consecuencias son de exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, no de nosotros”.
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