Los colectiveros han calificado el proyecto como una amenaza directa a sus derechos y exigen la intervención urgente del presidente
Los colectiveros han calificado el proyecto como una amenaza directa a sus derechos y exigen la intervención urgente del presidente Santiago Peña, además de la destitución del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.
El núcleo del conflicto reside en el rechazo de los sindicatos a tres artículos del proyecto, al considerar que vulneran el derecho a huelga, ponen en riesgo la estabilidad laboral y siembran incertidumbre sobre la identidad de su futuro empleador, en caso de que una empresa se cierre.
Artículo 20 (Servicio imprescindible y huelga): Este punto, por ejemplo, ratifica al transporte metropolitano como servicio público imprescindible, habilitando sanciones en caso de interrupción. La versión final de Diputados suavizó la exigencia original del Senado, que pedía un funcionamiento mínimo del 70% en horas pico; ahora se exige un 60% de servicio mínimo durante cualquier horario de huelga. Los choferes lo ven como una limitación a su derecho constitucional a protestar.
Artículo 39 (Estabilidad laboral): El texto de Diputados obliga a los nuevos concesionarios a incorporar a la totalidad de los trabajadores del operador saliente. No obstante, los sindicatos objetan que solo se garantice la antigüedad y continuidad laboral a aquellos con al menos dos años de servicio, lo que, a su juicio, deja desprotegido a un sector importante de la plantilla.
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