La Cámara de Senadores se prepara para una sesión determinante en la que pondrá sobre la mesa dos temas sensibles que atraviesan el debate público: la reforma de la Caja Parlamentaria y la eliminación de bonificaciones dentro del sector público.
Ambas iniciativas concentran la atención por su impacto político y financiero, en un contexto marcado por cuestionamientos al gasto estatal.
Uno de los puntos centrales será la modificación del régimen jubilatorio de legisladores, que ya cuenta con media sanción de Diputados. La propuesta establece que los parlamentarios podrán acceder a una jubilación con apenas diez años de aportes, equivalentes a dos periodos legislativos, a partir de los 55 años de edad, con un haber del 60% de sus ingresos. A la par, se contempla un aumento en el porcentaje de contribución de los propios legisladores y la eliminación del respaldo financiero estatal al fondo.
Sin embargo, el proyecto genera diferencias incluso dentro del propio Senado. Algunos legisladores plantean endurecer los requisitos para garantizar la sostenibilidad del sistema, elevando los años de aportes necesarios para acceder al beneficio. Otros, en cambio, cuestionan directamente la continuidad del esquema y proponen su eliminación total, argumentando que se trata de un privilegio injustificado frente al resto de los trabajadores.
En paralelo, el pleno también deberá analizar una iniciativa orientada a suprimir las bonificaciones para funcionarios que ocupan cargos de conducción política. La propuesta cobra especial relevancia tras la polémica generada por asignaciones adicionales en altas autoridades, lo que derivó en un intento por establecer reglas más estrictas sobre las remuneraciones dentro del Estado.
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