La Cámara Alta aprobó una cuestionada ley que declara emergencia nacional en materia de seguridad vial por un año. Mientras el oficialismo sostiene que busca reducir las muertes por accidentes de tránsito, la oposición advierte que la medida otorgará amplias facultades a la Agencia Nacional de Tránsito para realizar compras excepcionales y habilitar nuevamente sistemas de control como las fotomultas.
La Cámara de Senadores sancionó este martes el proyecto de ley que declara emergencia nacional de seguridad vial por el plazo de un año, una decisión que generó un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición debido a las implicancias que tendría para la gestión de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
La iniciativa, impulsada inicialmente en la Cámara de Diputados por legisladores del movimiento cartista, fue aprobada con rapidez en ambas cámaras y quedó lista para su remisión al Poder Ejecutivo. El argumento central de los promotores del proyecto es la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la elevada cantidad de accidentes de tránsito que se registran cada año y que figuran entre las principales causas de muerte, especialmente entre los jóvenes.
Sin embargo, desde sectores opositores surgieron fuertes cuestionamientos. Senadores de distintas bancadas sostuvieron que la declaración de emergencia no está acompañada de informes técnicos que demuestren un agravamiento reciente de la situación vial que justifique la adopción de medidas excepcionales.
Los críticos del proyecto advirtieron además que la normativa podría otorgar amplias facultades al director de la ANTSV, Félix Jiménez, para ejecutar contrataciones bajo mecanismos extraordinarios y acelerar adquisiciones vinculadas a tecnología de control y fiscalización en rutas y ciudades.
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