RÍO DE JANEIRO. Casi 24 años después de despojar de su mandato al entonces presidente Fernando Collor y de condenarle a ocho años de inhabilitación política, el Senado brasileño vuelve a tener en sus manos la suerte de un jefe de Estado.
El “impeachment” (juicio político con fines de destitución) , un instrumento presente en las constituciones brasileñas desde 1891 y que permite al Congreso poner fin al mandato de un presidente por los llamados “crímenes de responsabilidad”, sólo ha llegado dos veces hasta su fase final: el juicio en el pleno del Senado.
El destino de Dilma Rousseff está en las manos del Senado desde el jueves pasado, cuando inició la fase final del juicio, y puede quedar sellado el próximo miércoles, cuando puede destituirla definitivamente si lo deciden al menos 54 de sus 81 miembros.
Al igual que Collor, ahora senador y con la incómoda obligación de juzgar a su exaliada, Rousseff afronta el juicio final con su popularidad por los suelos, con el país hundido en una grave recesión, acusaciones de corrupción salpicando a gran parte de sus aliados y prácticamente sin apoyo partidario en el Congreso.
En ambos casos fue determinante la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayor fuerza electoral del país, de abandonar el barco antes del naufragio. Hace 24 años fue Itamar Franco, miembro del PMDB, quien asumió la presidencia en el lugar de Collor, y este año fue Michel Temer, también dirigente de la formación mayoritaria, el que tomó el poder en el sitio de Rousseff.
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