En el curso de su elogiable “Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud”, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) lanzó un octavo comunicado y remitió sendas notas al presidente de la República, Santiago Peña, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pidiéndoles su pronta intervención ante las “graves” anomalías constatadas en los hospitales generales de Coronel Oviedo, Encarnación y Santa Rosa del Aguaray. Estos nosocomios habrían empezado a funcionar sin habilitación, registro ni categorización sanitaria, poniendo en riesgo a enfermos y a trabajadores. La ministra del ramo, Teresa Barán, negó que los nosocomios funcionen sin habilitación, y aseguró que el hospital ovetense se desempeña a cabalidad. La quiebra “moral y financiera” de la sanidad exige que se tomen medidas urgentes de diverso orden.
Según el gremio médico, la salud pública dista mucho de “estar mejor”
En el curso de su elogiable “Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud”, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) lanzó un octavo comunicado y remitió sendas notas al presidente de la República, Santiago Peña, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pidiéndoles su pronta intervención ante las “graves” anomalías constatadas en los hospitales generales de Coronel Oviedo, Encarnación y Santa Rosa del Aguaray. Estos nosocomios –inaugurados no hace mucho– habrían empezado a funcionar sin habilitación, registro ni categorización sanitaria, poniendo en riesgo a enfermos y a trabajadores....
Un hecho llamativo, denunciado por el gremio, sería la tercerización de servicios privados en hospitales públicos no habilitados, como el de Santa Rosa del Aguaray, donde un tomógrafo comprado con fondos estatales se hallaría fuera de servicio, mientras que uno privado lo estaría prestando en un contenedor (!), pudiendo causar “patologías graves”. Resulta así que el ministerio del área viola sus propias normativas, es decir, las reglas del juego no rigen para María Teresa Barán porque, entre otras cosas, eso de inaugurar hospitales públicos, aunque estén inconclusos, tendría un efecto...
Si resulta perverso hacer dinero sucio, lo es aún más hacerlo desde la función pública, poniendo en peligro la vida de los pacientes. En última instancia, la responsabilidad recae sobre el jefe de Estado, quien tiene la facultad de remover a la ministra, si esta no tiene la dignidad de renunciar, al menos por su notoria ineptitud. Su permanencia en el cargo es insostenible. La quiebra “moral y financiera” de la sanidad exige que se tomen medidas urgentes de diverso orden, para precautelar la vida de quienes, por razones económicas, se ven forzados a recurrir a los hospitales públicos.
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