El uso excesivo de la prisión preventiva es una de las principales causas del hacinamiento que afecta el sistema carcelario, afirmó ayer el doctor Pedro Mayor Martínez, miembro del Tribunal de Apelación, 1ª sala. El magistrado, asesor de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, aboga por el abordaje interinstitucional de la situación.
Mayor Martínez, quien además es coordinador ejecutivo de la comisión técnica de apoyo a la justicia penal de la Corte Suprema de Justicia, expresó su opinión tras interiorizarse de la decisión de la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, de impulsar reformas constitucionales a la par de la construcción de nuevas cárceles, para paliar el hacinamiento.
Bacigalupo abogó por la modificación de la ley que prohíbe la concesión de medidas a personas con antecedentes penales y en casos de personas procesadas por delitos considerados crímenes, así como la eliminación de los antecedentes penales inmediatamente de compurgada la pena y no a los tres años, como lo establece la legislación actual.
El jurista destacó que si bien está de acuerdo con la supresión de los antecedentes públicos una vez compurgada la pena, la modificación de las demás legislaciones amerita un abordaje más profundo.
“Tenemos que sacar a la gente de las cárceles, tenemos que evitar que la gente entre a la cárcel cuando no sea estrictamente necesario, porque no se puede masificar y generalizar la prisión. Al Ejecutivo no le conviene seguir cargando la cárcel, hay que trabajar en prevención, un trabajo que evite que la persona se vea tentada a delinquir”, afirmó.
Leer la nota completa en Diario ABC
