La industria de la construcción enfrenta un escenario desafiante: la deuda de más de US$ 200 millones que mantiene el Estado con las contratistas y la reducción del presupuesto para infraestructura amenazan la sostenibilidad de las empresas y el desarrollo del país.
El sector de la construcción vive un momento de incertidumbre. El Estado acumula una deuda superior a los US$ 200 millones con empresas contratistas, mientras que para el 2026 se proyecta una fuerte reducción del presupuesto destinado a inversiones públicas, que quedará en torno a los US$ 500 millones, casi US$ 180 millones menos que en el ejercicio vigente. Todo esto en un país cuya brecha de infraestructura ronda los US$ 30.000 millones.
José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), advierte que esta combinación de factores tendrá un fuerte impacto en las empresas que invirtieron en equipos y que hoy dependen de la continuidad de las obras públicas. “La disminución del presupuesto es un hecho inédito en mucho tiempo. Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se esfuerza en lanzar licitaciones, el problema surge cuando no se cumplen los pagos, lo que obliga a frenar proyectos”, señala.
Enfatiza, además, que la inversión en infraestructura debe ser vista como una política de Estado y no como un gasto. “La infraestructura es la columna vertebral del progreso; donde no existe, el crecimiento se detiene. Ninguna nación puede avanzar sin inversión en infraestructura. Sin ella, se frena la competitividad, se estanca la producción y se limita el bienestar”, afirma.
El dirigente recordó que parte del déficit es mitigado por las inversiones de Itaipú Binacional, que actualmente ejecuta algunas obras viales y de infraestructura. Sin embargo, esto resulta insuficiente para suplir la reducción de recursos estatales en áreas críticas como rutas, pasos a desnivel, hospitales y sistemas de saneamiento.
Leer la nota completa en Diario ABC
