Luego de reunir una serie de elementos de convicción en un caso que investiga hurto agravado, el fiscal Edgar Torales imputó al denunciado como responsable por parte de la víctima del hecho. Se trata del exconcejal municipal y presidente de la seccional colorada nº 8 de CDE, Isaías Concepción Álvarez Alarcón, mayor de edad, con residencia en el barrio San Roque de esta ciudad.
Está sindicado del hurto de un camión de carga de la marca Iveco, tipo basculan, modelo 35C11, placa CDX 303, color blanco y verde, según denuncia radicada por Sunilda Cardozo el 8 de febrero del presente año. El rodado se encontraba estacionado en la vía pública, frente al domicilio del abogado Sergio Orué, sito en el barrio San Juan de esta capital departamental, hasta donde llegó el político colorado, abordó el rodado, lo arrancó y se dio a la fuga a bordo. La propietaria presentó la denuncia del hecho contra personas innominadas en la comisaría jurisdiccional y de allí se informó a la...
En su ratificación de denuncia, la víctima confirmó haber adquirido legalmente el rodado y abonó a Álvarez Alarcón la suma de G. 65.000.000, según comprobantes de pago por la transacción y sindicó al mismo como responsable del hurto agravado, ya que en apariencia se habría quedado con una copia de la llave del vehículo. El representante legal de la afectada, abogado Silverio Godoy Ibarrola, había urgido anteriormente ante la unidad fiscal la presentación del requerimiento de imputación contra el exconcejal y presidente de seccional colorada.
El rodado fue ubicado el 15 de marzo último en la vía pública, cercanías del Club Estrella del Este, en el Área 5 de Presidente Franco, sitio donde Rubén Nemesio Román dijo a los intervinientes que Isaías Álvarez le había encargado el cuidado del vehículo. Curiosamente, el camión fue desarmado y sus piezas, presuntamente comercializadas en el mercado negro de repuestos, según las sospechas. El rodado fue llevado al depósito del Ministerio Público en el barrio Fátima, para posteriormente continuar con el procedimiento de rigor, hasta que se dio la imputación del sujeto.
El fiscal Torales pidió la prisión preventiva del encausado, pero no opuso a eventuales medidas menos gravosas que el juez de garantías considere pertinentes, siempre y cuando el procesado reúna los presupuestos para el efecto, si sus antecedentes lo permiten. En ese contexto, Álvarez Alarcón había sido condenado a dos años de cárcel con suspensión de su ejecución, en el marco de un proceso por incumplimiento del deber legal alimentario por G. 55.000.000, según dispuso el tribunal de sentencia.
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