Se sospecha que FTC prolonga el conflicto con EPP por conveniencia Fecha: 14-02-2018 20:15:24 | Visitas: 0 La intervención de la Fuerza Pública en el conflicto armado del norte de la Región Occidental del país tiene un resultado rotundamente negativo para los fines de la política de defensa del Estado y para la imagen de las Fuerzas Armadas. Hipótesis de recuperar el poder Hipótesis de la sobrevivencia institucional Esta hipótesis se adecua al debate aún abierto sobre el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el cual se abre una corriente que busca eliminarla y otra que plantea asignarla nuevos roles en tiempos de paz y en situaciones de emergencia. Hipótesis de estabilidad laboral Hipótesis de participar de la corrupción Las razones Nota: Edwin Britez Fuente: www.abc.com.py
Se sospecha que FTC prolonga el conflicto con EPP por conveniencia
La intervención de la Fuerza Pública en el conflicto armado del norte de la Región Occidental del país tiene un resultado rotundamente negativo para los fines de la política de defensa del Estado y para la imagen de las Fuerzas Armadas. La opinión pública está cada vez más convencida de que no existe una voluntad política firme para acabar con el EPP y que por el contrario, los gobiernos de turno solo se limitan a seguirle la corriente.
Se manejan varias hipótesis y conjeturas con respecto a por que la Fuerza Pública y la Senad no terminan con este problema, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido (1992 año en que el partido Patria Libre decide crear su brazo armado), a pesar de los recursos en armamentos y presupuesto con que cuentan las fuerzas operativas.
Se piensa que al tener supremacía las Fuerzas Armadas en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por sobre la Policía Nacional (PN) y la Senad, hay de por medio un cálculo de buscar a través de la intervención en un conflicto armado un espacio de poder, que no será igual al que tenían durante la dictadura, pero que valdría igual para coparticipar en la toma de decisiones políticas juntamente con el poder real y el poder político constitucional, que no puede prescindir de sus opiniones y asesoramiento cuando se trata de temas de seguridad.
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