El Gobierno y los organismos estatales encargados de la seguridad deben asumir acciones urgentes y decisivas para impedir que la ola de criminalidad y violencia política que se manifestó en días previos a las elecciones siga creciendo. Los asesinatos de tres candidatos a concejales, los atentados y las amenazas contra varios otros postulantes a cargos electivos, así como el caso de sicariato en que murió la hija del gobernador del Amambay han dejado el mensaje de que el crimen organizado y el narcotráfico tienen cada vez más intervención en el ámbito político y en los círculos de poder. La situación ha generado conmoción y preocupación no solamente en la ciudadanía, sino también en los observadores internacionales que participaron del proceso electoral. Se debe impedir que el Paraguay se encamine hacia un modelo de narco-Estado o de Estado fallido.
El proceso de las campañas electorales para los comicios municipales del domingo pasado se ha teñido lamentablemente de sangre y de violencia política, con el asesinato de tres candidatos a concejales municipales, a los que se sumaron los atentados y amenazas contra otros postulantes, además de un grave caso de sicariato en que resultó muerta la hija de un gobernador. Como pocas veces antes, el clima de violencia se instaló en el ámbito político electoral. En total casi diez candidatos fueron víctimas de sicarios en atentados en las semanas previas a las elecciones.
Entre los casos más significativos, en Pedro Juan Caballero, el 30 de setiembre, el candidato a concejal Néstor Echeverría, del partido Unámonos, fue asesinado en el segundo atentado sufrido tras presentar denuncias contra miembros del Clan Acevedo. En la misma ciudad, el día antes de las elecciones, Haylee Acevedo, hija del gobernador de Amambay, Rodney Acevedo, murió en un ataque de sicarios en que fallecieron finalmente cinco personas, en un atentado presuntamente dirigido contra un narcotraficante identificado como Osmar Álvarez Grance, alias Bebeto. También en la región, la intendenta...
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