Afectados denunciaron una supuesta rosca que intenta ejecutar pagarés cancelados y hurtados, la cual tendría ramificaciones en el Poder Judicial y la Fiscalía. Apuntaron como miembro del esquema a una funcionaria de la Defensoría Pública. Habrían aproximadamente 30 víctimas en Santaní.
Afectados denunciaron que existe una rosca que intenta ejecutar pagarés cancelados y hurtados, modificando los montos, a través de abogados que presionan a las personas que cancelaron sus cuentas pero no retiraron sus pagarés.
Este esquema supuestamente amenaza con denuncias ante la Fiscalía si las personas no pagan o no llegan a un acuerdo con ellos.
Las victimas indicaron que tendría ramificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Señalaron a una funcionaria de la Defensoría Pública de ser la responsable de otorgar los pagarés a los abogados.
La acusada negó cualquier injerencia. No obstante, habría una treintena de afectados en Santaní, en el Departamento de San Pedro.
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