Sancionan a 40 empresas proveedoras del Estado | La Nación

Sancionan a 40 empresas proveedoras del Estado | La Nación

Un total de 40 empresas proveedoras del Estado fueron sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras comprobarse que las mismas incurrieron en contravenciones a la Ley 2.051/03. De las 40 sanciones impuestas por la institución, 30 empresas quedaron inhabilitadas para presentarse a licitaciones públicas y contratar con el Estado, mientras que las... Leer Más

Un total de 40 empresas proveedoras del Estado fueron sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras comprobarse que las mismas incurrieron en contravenciones a la Ley 2.051/03. De las 40 sanciones impuestas por la institución, 30 empresas quedaron inhabilitadas para presentarse a licitaciones públicas y contratar con el Estado, mientras que las 10 restantes, recibieron amonestaciones por casos leves, precisaron desde la DNCP.

Agregaron que entre las faltas más recurrentes figuran proveedores o contratistas que no cumplieron con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causaron daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad convocante así como proveedores o contratistas que proporcionaron información falsa o que actuaron con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia.

Las sanciones fueron estimadas y aplicadas en cada caso considerando la gravedad del hecho, la intencionalidad, el daño ocasionado y la reincidencia o no de la empresa sumariada, precisaron. Desde Contrataciones remarcaron que el sumario administrativo es uno de los procesos de mayor importancia en el rol de la dependencia, ya que mediante el mismo se imponen sanciones a las empresas proveedoras que no cumplen con sus obligaciones con el Estado.

Señalaron que las sanciones permiten que los proveedores en falta no queden impunes, evitando la reincidencia de casos similares que, además de producir pérdidas patrimoniales para el Estado, en ocasiones perjudican la gestión de las instituciones en la tarea de brindar servicios públicos para la ciudadanía haciendo uso de los bienes o servicios que adquieren de estas empresas.

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