La Sala Constitucional de la Corte rechazó «in limine» el incidente de nulidad de actuaciones deducido por el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez, en la causa por lesión de confianza donde fue condenado a 8 años de cárcel, por un perjuicio de G. 859.559.122 al municipio. Sobre la cuestón de fondo y de manera […]
La Sala Constitucional de la Corte rechazó «in limine» el incidente de nulidad de actuaciones deducido por el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez, en la causa por lesión de confianza donde fue condenado a 8 años de cárcel, por un perjuicio de G. 859.559.122 al municipio.
Sobre la cuestón de fondo y de manera unánime, los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos, exponen en primer término que Roberto Cárdenas Ramírez fue notificado del Acuerdo y Sentencia Nº 892 de fecha 02 de setiembre de 2024 -dictada por esta sala de la Corte- en fecha 02 de setiembre de 2024, según se desprende del informe contenido en la cédula de notificación que obra a f. 122 (vito.) de autos, habiéndose presentado en fecha 03 de setiembre de 2024 a interponer recurso de aclaratoria contra la mencionada resolución recaída. El mencionado recurso de aclaratoria fue...
Según las fechas el incidente de nulidad debía ser deducido dentro de los 5 días hábiles, el plazo que tenía el abogado Roberto Cárdenas Ramírez-para deducir el incidente empezaba a correr desde la notificación realizada en fecha 02 de setiembre de 2024, venciendo el plazo para deducir el incidente de nulidad- en fecha 10 de setiembre de 2024, a las 09:00hs, de conformidad a lo dispuesto en el 191 del Procesal Civil en concordancia con el Art. 150 de la misma normativa.
En segundo lugar, otro de los requisitos fundamentales de admisibilidad, que se desprende de lo dispuesto por el Art. 112 del Cod. Proc. Civ., es la expresión del perjuicio ocasionado de forma cierta, concreta e irreparable y, de la lectura del escrito en cuestión, no se observar que el incidentista haya alegado el prejuicio que le ocasiona el acto viciado de nulidad, expresando únicamente que el acto le produjo «un perjuicio irreparable debido a que se ha rechazado la acción de inconstitucionalidad».
Leer la nota completa en El Observador