Periodistas de este diario acudieron ayer hasta el gabinete del titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, para solicitar el contrato que se firmó con la empresa adjudicada para la fiscalización de la duplicación de las rutas 2 y 7.
Un funcionario de la cartera atendió amablemente a los comunicadores e insistió para que algún director pueda atender las solicitudes, pero pese a insistencias no lo logró. Solo recibió negativas de los funcionarios de alto rango. Vale señalar que el ministro Jiménez Gaona se encontraba recorriendo obras por el interior del país, con el presidente Horacio Cartes.
Mientras tanto, el jefe de gabinete, Esteban Sarubbi, alegó que se encontraba con varias audiencias y la ingeniera Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe), se encontraba con permiso, sin agregar mayores detalles. Prometieron dar detalles del contrato en cuestión el miércoles de la próxima semana, a las 14 horas.
incógnitas. Existen varias incógnitas en torno al contrato de fiscalización como, por ejemplo, el pago de anticipo y la financiación de la fiscalización, que en teoría debía costear el consorcio liderado por Sacyr, que debe ejecutar el ensanche de ambas rutas vía alianza público privada (APP). Las últimas informaciones que se dieron a conocer aseveraban que la concesionaria aún no finalizó el cierre financiero con los acreedores del proyecto.
Recordemos que Obras Públicas desoyó la recomendación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que, vía resolución, pidió suspender el proceso de la fiscalización del proyecto de duplicación de las rutas 2 y 7, luego de que la adjudicación fuese impugnada.
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