El caso de US$67.000 robados de la casa de la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti tendría que haberse cerrado con el arresto de su guardaespaldas.
Sin embargo, los fiscales han optado por rastrear el origen del dinero, lo que convierte el caso en un ejemplo público de los desafíos que enfrenta el presidente Mauricio Macri en lo relativo a eliminar la dependencia del país del efectivo, un antiguo sistema que en muchos casos oculta evasión de impuestos.
Macri, que ganó las elecciones presidenciales en noviembre con la promesa de revertir 12 años de populismo de izquierda, puso fin a los controles cambiarios, reformó la oficina de estadísticas y zanjó una disputa sobre pago de bonos. Ahora se propone modernizar la economía y bancarizar a los argentinos. Es algo que los predecesores de Macri intentaron muchas veces antes, si bien con escaso éxito dado que se estima que se acumularon US$500.000 millones al margen del sistema en los últimos 30 años.
El caso “demuestra que décadas de prácticas como esta se han convertido en parte de la cultura”, dijo Jorge Gaggero, fundador de Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. “Una conducta que en otros países a la gente le parecería disfuncional aquí es natural”.
El gobierno anunció en mayo una amnistía fiscal para captar parte de los fondos no declarados ocultos en cajas de seguridad, cuentas bancarias en Suiza y propiedades en el balneario uruguayo de Punta del Este. Los argentinos que declaren esos fondos antes de fines de marzo pagarán una multa extraordinaria de hasta 15 por ciento. También podrán invertir en bonos del Tesoro a tres y seis años o hacer inversiones a largo plazo en proyectos de infraestructura, viviendas, hipotecas o pequeñas y medianas empresas.
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