El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público la causa a Roberto Garcete Rodríguez y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano, acusados por lavado de dinero y usura, por supuestamente haber cobrado el doble de lo concedido en un préstamo, además se quedaron con una propiedad de G 1.500 millones que fue ofrecida […]
El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público la causa a Roberto Garcete Rodríguez y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano, acusados por lavado de dinero y usura, por supuestamente haber cobrado el doble de lo concedido en un préstamo, además se quedaron con una propiedad de G 1.500 millones que fue ofrecida como garantía.
“Se plantearon cinco incidentes de nulidad, sobreseimiento definitivo, también de prescripción y ofrecimiento de pruebas; en uno de los incidentes, la defensa planteó el sobreseimiento de tipos penales sin embargo lo que se sobreseen son los hechos que no tienen relevancia penal y en este sentido el juzgado rechazó el incidente al fundamentar que lo que se tiene que tener en cuenta es la circunstancia fáctica con relevancia penal y no a la inversa”, explicó el juez Estigarribia al término de la audiencia.
De acuerdo a la acusación, Roberto Damián Garcete y su hijo Roberto Alejandro, con la colaboración de la escribana pública María de Lourdes Duarte ─acusada, cuya audiencia preliminar está fijada para el 3 de setiembre─, lograron cobrar a la familia Britos el doble de lo concedido en un préstamo, además se quedaron con una propiedad de G 1.500 millones que fue ofrecida como garantía.
La acusación refiere que María Laura y Rossana Britos, representantes de Proyinel SA, del rubro de la construcción y montajes eléctricos, para su capital operativo accedieron en el año 2012 a préstamos del Banco Continental, sujetos a una garantía hipotecaria por valor de G 500.000.000, consistente en un inmueble ubicado en el Distrito de Luque, lugar denominado Villa Grande IV, propiedad de Miguel Britos y su cónyuge Norma Beatriz Báez de Britos (padres de las representantes) y en la misma ocasión, dicho inmueble pasó a formar parte del patrimonio de la firma Proyinel S.A.
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