El caso del exsenador Hernán Rivas, al que el oficialismo puso en su momento como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sabiendo que no reunía las mínimas condiciones para ocupar ese cargo, desnuda como ninguno el manejo arbitrario y dictatorial del cartismo en la administración actual del Estado.
La eventual condena del esperpéntico exlegislador por el delito de haber utilizado un título falso de abogado para acceder al cargo no será, lamentablemente, una reparación adecuada ni justa, sino más bien desviará la atención sobre los demás responsables del despropósito que constituyó su designación.
Los antecedentes de impunidad son varios. El más terrible, por tratarse de un asesinato, es el caso de Rodrigo Quintana, en el que el cartismo también operó en la Justicia para que solo fuera condenado quien ejecutó el crimen y echara un manto de silencio sobre los responsables.
Hasta ahora no sabemos quién o quienes dieron la orden a los policías de ingresar en un recinto privado, como era la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, disparando a matar. La situación política de entonces evitó el juicio político que debería haberse impulsado contra el presidente de la República, en ese entonces Horacio Cartes.
Hay otros varios ejemplos de hechos o decisiones que constituyen un patrón que se repite de utilizar el poder para beneficio personal o político. Los más habituales: nombramientos en cargos de familiares, operadores y aliados políticos, licitaciones amañadas para otorgar negocios a grupos económicos vinculados con funcionarios importantes.
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