Tras las elecciones del 30 de abril se iniciaron una serie de movilizaciones en protesta, que denuncian fraude electoral, protagonizados por adherentes del ex candidato a presidente por el Partido Cruzada Nacional. Desde sus inicios se han reportado cientos de detenciones, y decenas de personas imputadas por perturbación a la paz pública. Resulta, sin embargo, muy alarmante la desproporción de la reacción de las instituciones del Estado frente a las movilizaciones y protestas. Los derechos y la Justicia deben ser para todos por igual.
La magnitud de la reacción ciudadana tras las elecciones, que ha salido a las calles en protesta por el supuesto fraude electoral, resulta para ciertos sectores de la sociedad una sorpresa; la reacción sin embargo no debería causar gran asombro. Después de todo, este es un país con una pesada deuda social: 26 de cada 100 paraguayos se vieron afectados por inseguridad alimentaria moderada o grave durante los últimos 12 meses; y un 5,6% sobrevive en la extrema pobreza, se mantiene con 2 dólares al día. Este es el país en el que los jóvenes no acceden a una educación de calidad, ni a salud...
Las históricas demandas sociales ya estaban, pero faltaba la motivación. Es por eso quizás que en las primeras horas de la protesta la multitud, prácticamente autoconvocada, bloqueó calles, rutas y avenidas, atacó ambulancias y enfrentó en varias ocasiones a la Policía Nacional. Como resultado inmediato se sabe de más de un centenar de detenidos y decenas de personas que muy rápidamente han sido imputadas por perturbación a la paz pública y otros hechos punibles. Sobre los detenidos y las condiciones en las que se encuentran se ha elevado la voz de alarma, considerando las denuncias por la...
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