La retirada de la Policía Nacional ante la resistencia de un grupo de supuestos ocupantes precarios de la “Finca 66” en el barrio Che la Reina de Ciudad del Este deja en evidencia una clara debilidad institucional. La incapacidad de cumplir su misión constitucional de combatir los hechos delictivos y proteger a las personas y […]
La retirada de la Policía Nacional ante la resistencia de un grupo de supuestos ocupantes precarios de la “Finca 66” en el barrio Che la Reina de Ciudad del Este deja en evidencia una clara debilidad institucional. La incapacidad de cumplir su misión constitucional de combatir los hechos delictivos y proteger a las personas y sus bienes se pone de manifiesto en la “corrida” de los agentes especializados en manejar grupo violentos.
El intento de desalojo fue más bien una tibia repuesta institucional ante la denuncia presentada la semana pasada contra el director de Policía de Alto Paraná, comisario general Osvaldo Alejandro Ávalos, y el jefe del Departamento Judicial, Osmar González. Ellos son investigados en la Fiscalía de Ciudad del Este, por desacató al no cumplir una orden judicial de desahucio de una propiedad privada.
Los supuestos invasores de la propiedad privada ubicada en la zona conocida como «Finca 66» atacaron el martes último, a los policías que intentaron cumplir una orden judicial de desalojo en el barrio Che La Reina, a unos 700 metros de la Ruta PY02.
Aparentemente, los ocupantes ilegales tenían conocimiento previo del procedimiento, ya que al llegar los intervinientes fueron agredidos con objetos contundentes. Como resultado del altercado, las patrulleras policiales sufrieron daños materiales.
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