La Cámara de Diputados tiene pendiente tratar el proyecto de ley presentado por el legislador Rubén Rubin, que incorpora la figura de la “prisión permanente” al sistema penal. La propuesta consiste, esencialmente, en aumentar la pena máxima hasta noventa años para aplicarla a ciertos delitos. Si bien, a estas alturas, el terraplanismo punitivo del diputado y los múltiples aspectos negativos de su proyecto han sido rebatidos, con suficiencia y desde distintos ángulos, quisiera agregar, a caballo entre lo teórico y lo práctico, un punto más en su contra. La reflexión que me interesa hacer es la siguiente: este proyecto de ley dice preocuparse por las víctimas, pero en realidad no les brinda el respeto y la consideración que merecen.
Respeto y consideración a las víctimas: la clave está en el proceso
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la falta de la prisión permanente hace que “las víctimas pierdan su voz”. La introducción de esta figura al sistema penal, entonces, vendría a ser, siguiendo el recurso retórico del diputado Rubin, una forma de dar voz a las víctimas. Ahora bien, entendiendo por “voz” la “facultad de hablar” (que, puesto en términos jurídicos, sería algo así como “capacidad de intervenir en el juicio”), uno podría preguntarse de qué modo el hecho de que se aumenten las penas otorga a las víctimas mayores posibilidades de participación en los procesos en...
El proyecto ignora que son los derechos a participar en el proceso los que permiten a las víctimas tener voz real. Las víctimas son personas de carne y hueso, anonimizadas por el derecho penal, sus arreglos y su lenguaje, que quieren ser reconocidas como interlocutoras válidas en un ámbito de discusión abierto, justamente, porque han sido estafadas, robadas o violadas. El Código Procesal Penal, aprobado en 1998, introdujo en nuestro sistema jurídico una serie de derechos para garantizarle su intervención en el proceso (sin abandonar un pelo el compromiso con los derechos del imputado)....
Con todo, ese promisorio puñado de derechos terminó cayendo en saco roto. Para corroborarlo, basta con una recorrida por el parque temático antivíctima en que, gracias a algunos funcionarios, se han convertido el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fiscales que parodian la obligación de informar, restringiendo cualquier tipo de dato relevante sobre el avance de la investigación, bajo la excusa de que es “información sensible”, como si las víctimas estuvieran interesadas en boicotear al Ministerio Público y no en colaborar; jueces que niegan a familiares de víctimas la participación en...
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