El derecho de las personas a participar de los asuntos públicos es un derecho humano garantizado por el artículo 117 de la Constitución. Concuerda la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Ley 1/89, que en el artículo 23 establece: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de los representantes libremente elegidos”.
La contratación de un empréstito es un asunto público. Debe estar garantizado, consecuentemente, la participación de las personas con arreglo al artículo 202 numeral 10) de la CN. La Constitución de 1967 atribuía al Legislativo la potestad de “autorizar” empréstitos, pero la Constitución de 1992 exige la “aprobación o rechazo”, la que debe ser pura y simple como el agua de manantial, y no resultar de una maraña tecnocrática que transgrede principios de transparencia.
La Corte resolvió un proceso de certeza constitucional en perjuicio del derecho de las personas de participar de la dirección de los asuntos públicos. En vez de custodiar la Constitución, la violó.
Dicha decisión, además de violentar los artículos 3 y 247 de la Constitución, violenta las normas obligatorias del Código de Ética Judicial aprobado por la Circular 390/05. La declaración de la Corte en un proceso de certeza inexistente en la Constitución transgrede los artículos 10 “Independencia”, 22 “Institucionalidad Judicial”, 29 “Principio de División de los Poderes”, y 30 “Independencia y Autoridad Institucional”. La lesión a los valores de dignidad, prestigio, credibilidad, autoridad, independencia exigidos por este Código, infectando de nulidad insanable a una decisión violatoria...
La Constitución de 1992 crea órganos que tienen la obligación de defender los intereses difusos y el patrimonio público como el Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, y el Contralor General.
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