El juez penal de Sentencia Juan Pablo Mendoza resolvió remitir a un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos la causa en la cual debe ser juzgado el exministro de la vivienda, Dany Durand, junto a seis exdirectivos de Mocipar, acusados de causar un perjuicio de G. 867.087.725 a 31 víctimas del grupo empresarial. El […]
El juez penal de Sentencia Juan Pablo Mendoza resolvió remitir a un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos la causa en la cual debe ser juzgado el exministro de la vivienda, Dany Durand, junto a seis exdirectivos de Mocipar, acusados de causar un perjuicio de G. 867.087.725 a 31 víctimas del grupo empresarial.
El magistrado explicó que la Acordada N° 1406 del 1 de julio de 2020, dictada por la Corte reglamenta la implementación de los Tribunales Especializados creados por Ley 6379/2019, y dispone, en lo pertinente al presente proceso, que será competencia del Tribunal especializado de delitos económicos y corrupción en los procesos por los siguientes hechos punibles: a) lavado de activos, previsto en el art. 196 del código penal. b) conducta conducente a la quiebra, previsto en el artículo 178 del código penal, conducta indebida en situaciones de crisis, previsto en el artículo 179 del código...
Conforme lo resuelto por el auto apertura a juicio, el monto aproximado del perjuicio patrimonial equivalente que supera los 27.920 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, que se pueden obtener del auto de elevación y que se colige que el perjuicio es a 31 clientes; G 867.087.725 como monto total del perjuicio patrimonial causado a los clientes estafados. Además, la deuda con el IPS, G 1.814.934.276 de Aportes no pagados a la seguridad social por Mocipar Propiedades S.A. Deuda con el IPS (Mocipar Hogar S.A.) de 18.000.000 de aportes no pagados a la seguridad social por...
El magistrado mencionó además que una vez desarrollados el Juicio oral y público tendrá que determinar si afecta a acreedores (públicos o privados); si puede perjudicar a empresas, trabajadores o acreedores privados; o si afecta directamente al Estado; como también se encuentra deudas con el IPS (ente estatal).
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