Un grupo de rematadores públicos nucleados en la Asociación de rematadores Públicos Judiciales del Paraguay y la Sociedad de Rematadores del Paraguay denunciaron que en la Cámara de Diputados se busca favorecer a un grupo de rematadores para que sean los autorizados a realizar el remate de vehículos del parque automotor de la Cámara.
Julio César Rivarola, rematador público denunció que en el pliego de bases y condiciones para el llamado se exigen requisitos y documentos que parecieran ajustarse al perfil de un rematador público, con el fin de excluir a la mayor cantidad de profesionales que se presentan en este tipo de subastas.
“Prueba de ello es que una sola carpeta se presentó para este llamado, desconociendo si la misma, ha reunido los requisitos”, señaló Rivarola.
El denunciante mencionó que la única carpeta que se presentó fue de la abogada Julia Mabel Velázquez, quien sería hija de Rogelio Daniel Velázquez, también rematador público quien figuraba como funcionario de la ANDE comisionado a la Cámara de Diputados.
Entre los requisitos exigidos se menciona: declaración jurada por escrito ante escribano público, fotocopia autenticada de certificado de libre disposición de bienes patrimoniales, de no tener quiebra o convocatoria de acreedores, fotocopia autenticada de los libros de diario de entradas, salidas y cuentas de gestión debidamente rubricadas, carta garantía expedida por una aseguradora entre otros.
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