Según un prestigioso estudio jurídico, el resultado final de la reglamentación es que transmite una sensación extendida: el Gobierno habría
Según un prestigioso estudio jurídico, el resultado final de la reglamentación es que transmite una sensación extendida: el Gobierno habría cedido a presiones para mantener el «statu quo» en los puntos más sensibles, limitando la participación y fiscalización ciudadana.
No obstante, entre los aspectos positivos, la reglamentación refuerza la trazabilidad de los fondos internacionales que ingresan al sistema financiero paraguayo. El cambio en el artículo 4°, inciso e) —de “cuentas del Estado” a “cuentas nacionales”— amplía el control a los aportes privados extranjeros que lleguen a cualquier cuenta en Paraguay, cerrando una de las principales vías de opacidad.
Asimismo, se amplía el alcance del control sobre la participación de las OSFL en políticas públicas, gracias a ajustes en los artículos 4° y 5°, lo que dificulta eludir el monitoreo de aquellas organizaciones que influyen directamente en planes o programas estatales.
El Decreto también mantiene la obligación de presentar informes anuales detallados al Ministerio de Economía, refuerza la protección de datos sensibles con una redacción más neutral, y faculta a la autoridad a aplicar sanciones administrativas y publicar infracciones, creando un registro público de incumplimientos.
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