De acuerdo con el análisis realizado por la Dra. Dannia Ríos Nacif, el Decreto N° 4.806/2025, introduce algunos avances —como
De acuerdo con el análisis realizado por la Dra. Dannia Ríos Nacif, el Decreto N° 4.806/2025, introduce algunos avances —como el registro obligatorio de fondos internacionales que ingresen a cuentas bancarias nacionales y la obligación de presentar informes anuales ante el Ministerio de Economía—, pero evita tocar los puntos más sensibles: el origen y manejo de los recursos que no ingresan al sistema financiero paraguayo, los mecanismos de financiamiento condicionado a agendas externas, y la ausencia de sanciones contundentes frente a irregularidades graves.
En el papel, el Estado logra por primera vez la capacidad de monitorear los flujos financieros externos que efectivamente pasan por bancos paraguayos. También amplía el concepto de “participación en políticas públicas” de las OSFL, obligándolas a reportar cuando inciden en programas, planes o estrategias estatales.
Sin embargo, esos avances se diluyen rápidamente: si una organización gestiona sus fondos desde cuentas en el extranjero o canaliza recursos a través de terceros fuera del país, el control simplemente no aplica. En otras palabras, el decreto deja intacta una de las mayores zonas de opacidad en el financiamiento internacional de las ONG.
Uno de los aspectos más controversiales radica en el Art. 7, que supedita la asignación de fondos públicos a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) —actualmente el Paraguay 2030, en proceso de actualización al 2050—.
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