LA HABANA. El Gobierno del presidente Miguel Díaz Canel desautorizó una marcha organizada por la disidencia, al considerarla “ilícita”. La plataforma virtual ciudadana Archipiélago anunció que estudiará si mantiene o no la convocatoria a la marcha prevista para el del 15 de noviembre en varias ciudades.
“Manifestarse es un derecho, pese a que lo violen constantemente”, aseguró el dramaturgo Yunior García Aguilera a la salida de la Intendencia de La Habana Vieja, minutos después de recibir la respuesta negativa del Gobierno a la solicitud presentada por él y otros activistas para realizar la marcha principal en La Habana.
García Aguilera, uno de los arrestados el pasado 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales en Cuba, subrayó que defenderá su derecho a demandar la liberación de los presos políticos, el cese de la violencia y "el respeto de todos los derechos de todos los cubanos, sin importar dónde vivan y cómo piensen".
La misiva firmada por el intendente del Consejo de la Administración de ese municipio capitalino, Alexis Acosta, argumenta que la solicitud de Archipiélago es "una provocación" como parte de la estrategia de "cambio de régimen" para Cuba "ensayada en otros países".
Las autoridades argumentaron que, según la Constitución de 2019, el "sistema socialista" que impera en el país desde hace más de seis décadas es "irrevocable".
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