En el Parque Nacional Yapacana, al sur de Venezuela, ha surgido una cadena de suministro de contrabando para mantener en funcionamiento la minería ilegal, lo que constituye una prueba más de cómo las fuerzas de seguridad colaboran con los delincuentes a los que favorecen y castigan a los que no.
Unas 280 personas abandonaron voluntariamente el Parque Nacional de Yapacana, en el estado de Amazonas, el 2 de julio, después de que el Ejército venezolano abriera un corredor humanitario, según señaló el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFANB).
El corredor forma parte de la Operación Autana 2023, una operación militar a gran escala que busca expulsar la minería ilegal y los grupos armados del Parque Nacional Yapacana.
La operación ha provocado una serie de focos de tensión que han puesto de relieve el crecimiento de una economía de contrabando que abastece de productos esenciales para vivir y trabajar a los mineros.
En la primera operación, el 26 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 5.3 toneladas de alimentos, cerveza, papel higiénico, aceite, así como un motor de 75 caballos de fuerza y baterías para paneles solares en una embarcación que navegaba por el Río Orinoco y que tenía como destino las minas del Parque Yapacana.
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