El Tribunal de Apelación ratificó la sentencia que obliga a la Contraloría General de la República a hacer públicas las declaraciones juradas de quienes ocuparon altos cargos estatales en las últimas dos décadas. Al ente le quedan 60 días, a contar desde hoy, para cumplir con la decisión judicial.
En un día histórico para la transparencia en Paraguay, el Tribunal de Apelación Primera Sala decidió confirmar la sentencia del juez Rubén Riquelme, quien había ordenado a la CGR que haga públicas las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta de los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.
La decisión fue aprobada con dos votos a favor y uno en contra. Los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans votaron a favor de la transparencia, mientras que Gustavo Ocampos, juez argañista que aspira a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue el disidente.
De esta manera, el tribunal de alzada ratificó la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha, luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para acceder a las declaraciones juradas.
El Tribunal de Apelación decidió modificar levemente la decisión de primera instancia y señaló que la Contraloría deberá entregar al periodista declaraciones juradas en las que consten los datos personales de los altos funcionarios, el importe total en entidades financieras dentro y fuera del país, el importe de créditos, inmuebles, vehículos, muebles y pasivos. Además deberán incluir los datos de los cónyuges que no se encuentren casados bajo separación de bienes y de los hijos menores, excluyendo nombres y documentos de identidad de los mismos.
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