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Es una prueba de fuego para la Justicia que, por primera vez en toda la etapa democrática, dicta prisión preventiva a un congresista, como en el caso que afecta a Ulises Quintana, diputado perteneciente al Movimiento Colorado Añetete, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Primero fue la fiscala Lorena Ledesma, quien imputó a Quintana por crímenes que tienen una expectativa de pena superior a los 5 años de cárcel. Como resistió las presiones, fue recusada, y tomó la posta Ysaac Ferreira, quien se mantuvo firme ante la decisión de su colega y, aunque la cúpula de Colorado Añetete –con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a la cabeza- lo presionó para que cambiara la carátula y pusiera delitos que permitieran las medidas sustitutivas y no la prisión preventiva.
Y es destacable la decisión y firmeza del juez de sentencia Rubén Ayal Brun, quien dictó la prisión preventiva horas después de que Quintana se hubiera presentado, por primera vez, y con unos 40 abogados defensores, posiblemente en un intento de amedrentar a la Fiscalía y el Poder Judicial, haciendo demostración de fuerza.
Lo real y cierto es que el diputado Quintana está preso en Viñas Cué, convirtiéndose así en el primer legislador que va a parar a la cárcel en estos casi 30 años de democracia, lo que constituyó una prueba de fuego para la Justicia, cuyos representantes parecen muy decididos a seguir resistiendo las presiones. Porque estas no han cesado, y, seguramente, serán cada vez más fuertes durante todo el proceso que llevará la investigación y el juicio al que se enfrenta el abdista.
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