Tania Irún enfrenta acusaciones de prevaricato tras ceder tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a empresas de maletín. La Cámara de Apelaciones, integrada por José Servín, Agustín Lovera y Cristóbal Sánchez, aún no ha resuelto el recurso dilatorio. Este último tiene vínculos cercanos con la familia de la acusada.
Tania Irún enfrenta acusaciones de prevaricato tras ceder tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a empresas de maletín. La Cámara de Apelaciones, integrada por José Servín, Agustín Lovera y Cristóbal Sánchez, aún no ha resuelto el recurso dilatorio. Este último tiene vínculos cercanos con la familia de la acusada. Desde agosto la Cámara de Apelaciones tiene en su poder el recurso dilatorio presentado por la exjueza Tania Irún, acusada por prevaricato por la fiscal adjunta de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, Soledad Machuca. La situación se agravó cuando...
Irún, quien se desempeñaba como jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, emitió en 2018 una sentencia que obligó a la Asociación Espíritu Santo a transferir 310 mil hectáreas de tierras del Chaco a cuatro empresas, que se sospecha son de maletín, registradas en paraísos fiscales como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Las firmas implicadas reclaman un supuesto préstamo de 15 millones de dólares, mientras que las tierras en cuestión están valoradas en 500 millones de dólares y están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
La participación del camarista Cristóbal Sánchez en este caso ha levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Se le conoce por su amistad con Rodolfo Irún, padre de Tania, y ha optado por no apartarse del caso, lo que ha generado dudas respecto a su objetividad. Sánchez ya había formado parte del Tribunal de Apelaciones durante la imputación de Irún, junto a José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete.
Leer la nota completa en La Voz Digital
