Esta mañana fue aprobado el Protocolo de Seguridad y Protección, desarrollado con la colaboración del Proyecto CRIMJUST de la UNDOC, que involucra a fiscales, funcionarios y servidores, que surgió por hechos violentos y atentados sufridos por los agentes fiscales en Latinoamérica. El documento se trata de un pliego breve, práctico, que busca establecer estándares mínimos […]
Esta mañana fue aprobado el Protocolo de Seguridad y Protección, desarrollado con la colaboración del Proyecto CRIMJUST de la UNDOC, que involucra a fiscales, funcionarios y servidores, que surgió por hechos violentos y atentados sufridos por los agentes fiscales en Latinoamérica.
El documento se trata de un pliego breve, práctico, que busca establecer estándares mínimos de implementación de medidas de seguridad que las instituciones podrán articular a favor de quienes por su labor investigativa, se hallen en situación de riesgo.
Este protocolo, en resumidas cuentas, contiene considerandos, ámbito de aplicación, sus definiciones (riesgo, amenaza, seguridad y protección) y objetivos; principios básicos (reserva, urgencia, voluntariedad, interinstitucionalidad, proporcionalidad y temporalidad); procedimiento de implementación de medidas de seguridad, que describe cómo operativizar el protocolo. Cooperación interinstitucional en asistencia técnica y de buenas prácticas para implementación de medidas de seguridad.
En la ocasión, la agente fiscal Patricia Sánchez, en su calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguridad de fiscales de la AIAMP, planteó al pleno ampliar a dos años más la vigencia del Grupo de Trabajo, a los efectos de monitorear la implementación y operatividad del protocolo.
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