El presidente de la República, Santiago Peña, sigue sin tomar una decisión con respecto al proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, inciso G); y 20, inciso D), de la ley N° 7.089/2023, que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, normativa que ya cuenta
El expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera Domínguez, en entrevista con Radio 1000, consideró que cualquier decisión que tome el Ejecutivo le acarreará a este un costo político significativo.
El profesional del derecho explicó que en las modificaciones introducidas a instancias del Poder Legislativo se excluyeron varias restricciones o sanciones que figuran en la ley actual que fue impulsada por una anterior administración estatal.
“Una ley que se pensó, en el gobierno anterior, para que las personas que trabajaban en la Función Pública, y su grupo familiar no puedan llevar esto a su beneficio, en el sector privado, ahora se plantea que sí lo pueda hacer. Honestamente no sé qué va a hacer Santiago Peña, hay mucho silencio del Ejecutivo. Lo que haga le va a costar, es lo que me queda claro. Modificaron demasiado”, refirió.
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