El presidente Santiago Peña vetó totalmente el proyecto de ley que pretendía permitir a defensores públicos cobrar honorarios a personas con capacidad económica, señalando que la iniciativa presenta deficiencias legales, ambigüedad en su aplicación y hasta podría ser considerado inconstitucional. El proyecto planteaba modificar artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, […]
El presidente Santiago Peña vetó totalmente el proyecto de ley que pretendía permitir a defensores públicos cobrar honorarios a personas con capacidad económica, señalando que la iniciativa presenta deficiencias legales, ambigüedad en su aplicación y hasta podría ser considerado inconstitucional.
El proyecto planteaba modificar artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, estableciendo que los fondos obtenidos por esos cobros integrarían un fondo especial para la institución. La propuesta fue aprobada por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo consideró que carece de viabilidad financiera, jurídica y operativa.
El Ministerio de Economía y Finanzas había advertido que la iniciativa no incluyó estimaciones presupuestarias. Además, se señaló que implicaría gastos adicionales en personal e infraestructura, sin demostrar beneficios concretos que justifiquen su implementación.
Gremios de abogados también alertaron sobre una posible competencia desleal, arguyendo que los defensores públicos, al ser funcionarios asalariados, no deberían cobrar por un servicio que ya está financiado con fondos públicos.
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