El 2025 nos deja una mezcla de impotencia e incertidumbre al gremio de los periodistas y a quienes luchan porque rijan, efectivamente, los derechos humanos en el país. Y es que una vez más la hegemonía oficialista del Congreso, ejercida con gran prepotencia por el sector cartista, ha puesto todo el empeño en tratar de disfrazar su intención de desentenderse y sepultar un proyecto de ley que surgió de un largo proceso participativo e interinstitucional y que apunta a prevenir y proteger a los periodistas de las amenazas y todo tipo de hechos de violencia a los que están expuestos en el ejercicio de la profesión. Para no quedar en evidencia en su intención de rechazar el proyecto de ley, los cartistas cerraron el año legislativo con una versión alternativa presentada por el presidente del Senado, Basilio Núñez, que reduce a la más mínima expresión, a una norma tangencial, lo que el proyecto primigenio promovido por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), largamente trabajado y socializado, plantea con una mirada integral. La propuesta original del proyecto de protección a periodistas incluía entre los sujetos de protección, además de a los periodistas, a defensores de derechos humanos. Las razones son los cientos de casos de periodistas asesinados en ejercicio de sus funciones y la persecución y también muertes de activistas de derechos humanos en distintos países dominados por regímenes autoritarios o donde el crimen organizado es el que gobierna. Dilataron, manosearon y reemplazaron el texto extenso y profundamente trabajado por el gremio de los periodistas para maquillar la intención de no ceder un milímetro en un tema que les produce urticaria como la paridad de género en los partidos y en las instancias de decisión del Gobierno, la labor fiscalizadora y de defensa de los derechos humanos de muchas oenegés, la participación ciudadana en temas de interés público, el escrutinio de la prensa, el libre acceso a la información pública, la transparencia en la gestión de gobierno, y una ristra de otros avances en materia de derechos que no lo tienen asumidos ni pretenden garantizar los cartistas.
El 2025 nos deja una mezcla de impotencia e incertidumbre al gremio de los periodistas y a quienes luchan porque rijan, efectivamente, los derechos humanos en el país. Y es que una vez más la hegemonía oficialista del Congreso, ejercida con gran prepotencia por el sector cartista, ha puesto todo el empeño en tratar de disfrazar su intención de desentenderse y sepultar un proyecto de ley que surgió de un largo proceso participativo e interinstitucional y que apunta a prevenir y proteger a los periodistas de las amenazas y todo tipo de hechos de violencia a los que están expuestos en el...
Para no quedar en evidencia en su intención de rechazar el proyecto de ley, los cartistas cerraron el año legislativo con una versión alternativa presentada por el presidente del Senado, Basilio Núñez, que reduce a la más mínima expresión, a una norma tangencial, lo que el proyecto primigenio promovido por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), largamente trabajado y socializado, plantea con una mirada integral.
Una propuesta que ya estaba lista hace algunos años, pero se tenía el temor de presentarla al Congreso, y que fuera a ocurrir lo que finalmente ocurrió, que terminara convertida en un mamotreto inconsistente tras pasar por las manos del cartismo, sector que ha demostrado una peligrosa ansia por recortar o suprimir todo cuanto implique participación ciudadana, igualdad de género y, en general, estándares internacionales de derechos humanos que el Estado paraguayo ha asumido en instancias multilaterales, y los ha ratificado.
Ejemplos de ese empecinamiento por acotar derechos son la ley anti oenegé, creada para “controlar” a las organizaciones de la sociedad civil, que ya estaban sometidas al control cruzado de varias instituciones del Estado o la obsesión por borrar la palabra género de todo documento oficial y, a propósito, recordemos la bochornosa crisis diplomática que estuvieron a punto de generar los diputados cartistas al pretender derogar por ley un convenio de financiación con la Unión Europea para el apoyo educativo.
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