Hoy prosigue la huelga de funcionarios en el Ministerio Público con los ánimos exasperados y un disimulado apoyo de la Fiscalía General del Estado y de los agentes fiscales. Reclaman un incremento de G. 46.925 millones para aumentos salariales desde el 10% hasta el 33%.
Hay un acatamiento de 100% a la medida de fuerza, pero una gran cantidad de huelguistas no cumplen los requisitos formales como no marcar horarios ni ocupar sus lugares de trabajo, ante la mirada pasiva del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La semana pasada corrió el rumor de que la Fiscalía General iba a emitir una circular para recordar a los huelguistas que deben estar en una lista, no marcar entradas ni salidas y tampoco ocupar las oficinas, requisitos establecidos en el Código Laboral, que deben ser cumplidos durante la medida de fuerza.
Sin embargo, la Fiscalía General solo hizo recomendaciones a los fiscales –que no están adheridos a la huelga– de que cuidasen los plazos procesales.
Esto es casi un absurdo, teniendo en cuenta que por falta de diligencias investigativas, justamente no se podrán realizar los requerimientos conclusivos, reconoció un fiscal que prefirió que no publiquemos su nombre.
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