En el marco de la tercera reunión de autoridades encargadas del combate al contrabando se puso énfasis en la necesidad de realizar modificaciones de la ley actual para imponer un castigo real a los “peces gordos” o financistas del contrabando y aumentar la pena hasta 10 años, a fin de que no se otorguen medidas alternativas a la prisión. Asimismo se propuso crear un Centro Integrado de Cooperación para el intercambio de información de inteligencia.
“Necesitamos profundizar las investigaciones con la Fiscalía. Potenciar más nuestro trabajo de inteligencia con Seprelad, no solamente quedarnos con la carga, necesitamos realmente llegar a los grandes financistas”, afirmó el Ministro Coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), Emilio Fúster, uno de los invitados a la reunión convocada por la Comisión Permanente del Congreso.
“Solamente quedarnos con la carga no es la solución, necesitamos cortar el oxígeno los grandes contrabandistas y capitalistas”, insistió Fúster, quien respaldó las propuestas de modificaciones presentadas por varias instituciones.
Como medida concreta, propuso que como autoridades tengan facultades para que en comercios donde se “encuentren productos de origen ilegal, productor informales en este caso, se pueda tener la competencia de incautar inmediatamente y lógicamente clausurar en forma provisoria ese local comercial por 10 o 12 días”.
A través de sus representantes, la Policía Nacional planteó dos medidas concretas: La creación de una unidad de inteligencia centralizada y modificar el Código Aduanero para que los bienes comisados a los contrabandistas puedan ser aprovechados por las instituciones para la represión a ese mismo delito.
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