La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia y enlace de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia (Otana), presentó durante la última sesión plenaria un informe sobre la producción anual de los juzgados del fuero en todo el país, basado en datos de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que abarcan el periodo del 1 de enero al 27 de noviembre de 2024. Finalmente, subrayó que estos datos muestran el compromiso del Poder Judicial con la mejora de los recursos y mecanismos destinados a la atención de los casos de niñez y adolescencia, resaltando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas al publicar estos datos, detallan el trabajo realizado durante el presente año.
La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia y enlace de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia (Otana), presentó durante la última sesión plenaria un informe sobre la producción anual de los juzgados del fuero en todo el país, basado en datos de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que abarcan el periodo del 1 de enero al 27 de noviembre de 2024.
La ministra Llanes destacó el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2024, durante el cual se reportaron las siguientes cifras: 45.296 autos interlocutorios, 33.119 sentencias definitivas y 372.362 cédulas de notificación, abarcando todos los juzgados de las circunscripciones judiciales de la República.
Es importante resaltar el significativo crecimiento en la producción de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia a nivel nacional en este año, superando ampliamente los registros de 2022 y 2023. Se iniciaron 51.468 expedientes en 2024, se dictaron 45.302 autos interlocutorios, lo que representa un aumento del 66% en comparación con el año 2023. Además, se registró un incremento del 5% en las sentencias definitivas y se emitieron 372.296 cédulas de notificación, lo que equivale a un crecimiento del 19% respecto al año anterior.
Estos datos reflejan un avance considerable en el funcionamiento del sistema judicial, particularmente en el ámbito de la Niñez y Adolescencia, un área crítica para el desarrollo social y la protección de los derechos de los niños y niñas.
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