El Estado Paraguayo se libró de una demanda de USD 1.000 millones, promovido por la Asociación de Parcialidades Indígenas (API), por daños y perjuicios por las supuestas violaciones de los derechos que sufrieron los pueblos indígenas desde la conquista española, la colonización, periodo independiente hasta nuestros días. Esto, luego de que el juez Civil, Walter Raúl Mendoza, hiciera lugar al pedido de caducidad de instancia promovido por el anterior procurador Juan Rafael Caballero, y resuelto el 25 de abril pasado. Con ello, porque los accionantes no movieron el caso durante 6 meses, queda...
En la citada demanda se reclamaba la indemnización de supuestos daños y perjuicios, por la suma de USD 1.000.000.000, más intereses, costos y costas. El juicio fue promovido el 9 de mayo del 2014, por varias entidades indígenas, contra el Estado paraguayo. Durante la tramitación la Procuraduría planteó excepciones que fueron admitidas, pero esto luego fue revocado con lo que la causa continuó. La resolución de caducidad de instancia aún no quedó firme, por lo que puede ser apelada por los accionantes. La demanda aún no había sido formalmente contestada por el Estado.
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