ASUNCIÓN. Un documento al que accedió la producción del programa La Caja Negra, por Unicanal, da cuenta de que el procurador general del Estado, Sergio Coscia y el presidente de Petropar, Denis Lichi, habrían llegado a un acuerdo con una empresa argentina para entregarle 7 millones de dólares con el objetivo de que la misma …
ASUNCIÓN. Un documento al que accedió la producción del programa La Caja Negra, por Unicanal, da cuenta de que el procurador general del Estado, Sergio Coscia y el presidente de Petropar, Denis Lichi, habrían llegado a un acuerdo con una empresa argentina para entregarle 7 millones de dólares con el objetivo de que la misma retire una demanda contra el Estado paraguayo por más de 30 millones de dólares.
A primera vista, este arreglo pareciera beneficioso para el Estado puesto que la suma a ser entregada es varias veces menor que la reclamada por los argentinos. Sin embargo, la historia es bien diferente, ya que hay pruebas suficientes de que la empresa Texos Oil no tiene ningún fundamento legal para hacer la demanda, por lo tanto, aunque el caso lleve varios años de juicio, finalmente todo está dado para que gane el Estado paraguayo, que no tendría que pagar un solo centavo.
La historia empezó en 2009, durante el gobierno de Fernando Lugo, cuando Exos fue adjudicada en una licitación para la compra de gasoil para Petropar. Cuando se comprobó que la empresa no tenía experiencia en el negocio y que ni siquiera había hecho la oferta más beneficiosa, y luego de muchas críticas, la petrolera anuló la adjudicación, así que la demanda de más de 31 millones de dólares no tiene ningún sustento jurídico porque pretende basarse en un contrato que nunca se firmó.
A pesar de que todos los hechos están a favor del Estado paraguayo y que la causa lleva desde el 2011 en los estrados judiciales paraguayos, de repente, el procurador del gobierno actual y el presidente de la petrolera sintieron la perentoria necesidad de “beneficiar” al país con un acuerdo extrajudicial que implica la entrega de 7 millones de dólares a una empresa que no tiene ningún argumento judicial ni legal para la demanda.
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