Proceso al intendente Prieto seguirá a cargo de juzgado especializado de Asunción

Proceso al intendente Prieto seguirá a cargo de juzgado especializado de Asunción

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala confirmó el A. I. N° 103 de fecha 22 de abril del 2024 que no hace lugar a la excepción de Incompetencia por cuantía y territorialidad, planteada por planteada por la Defensa Técnica de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del […]

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala confirmó el A. I. N° 103 de fecha 22 de abril del 2024 que no hace lugar a la excepción de Incompetencia por cuantía y territorialidad, planteada por planteada por la Defensa Técnica de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y otros procesados por el caso «Tía Chela».

La apelación del jefe comunal versa sobre la competencia material especializada de delitos económicos y anticorrupción en razón a que el supuesto perjuicio patrimonial en la presente causa, el cual consta en la imputación presentada por el Ministerio Público, asciende a la suma de Gs. 306.188.500 y el monto establecido en la ley N° 6379/2019 con relación al hecho punible de lesión de confianza se corresponde con un valor mayor a 5500 jornales mínimos, es decir Gs. 539.489.500.

También cuestiona la competencia para entender el supuesto hecho punible de Administración en provecho propio preceptuado en el art. 8 de la ley N° 2523/2004, ya que la referida ley no determina el monto de jornales mínimos requeridos para determinar un beneficio indebido para provecho personal y por ese motivo aduce que el mismo no conforma parte del fuero especializado.

Así lo dispuso la alzada compuesta por Digno Fleitas, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, tomando en consideración que prima la protección del bien jurídico protegido el cual tanto en el hecho punible de lesión de confianza como en el de la administración en provecho propio es el patrimonio del estado el cual ha sufrido un supuesto perjuicio.

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