Lo que el Poder Ejecutivo pretende con el anteproyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones es tener el “grifo” de la canilla a su disposición, para abrirla cuando quiera, aseveró por su parte, ayer, el representante de los jubilados en la Caja de Jubilados de la Binacional Itaipú, Abog. Adelio Aquino.
Explicó que el articulado del anteproyecto del Ejecutivo está organizado de esa manera, y que hacen que los órganos administrativos de los entes previsionales sean simples “figuras” que no van a tener ningún poder de decisión sobre los fondos, sino del superintendente de jubilaciones y pensiones. “Por eso que hablamos de que el proyecto le otorga unas facultades extraordinarias, un poder absoluto a una persona, que raya la arbitrariedad”, enfatizó.
Dijo que con este anteproyecto de ley se da un marco “seudolegal” a unas facultades extraordinarias que va a tener el superintendente acerca del manejo de la plata (fondos previsionales), de la que va a disponer “a su antojo”.
Aclaró que una interpretación completa de la propuesta del Ejecutivo amerita un análisis más global del anteproyecto, pero lo cierto y lo concreto es que todo el contenido del borrador tiene una coherencia en que se le otorgan “poderes discrecionales” al superintendente. “Por ejemplo, están en la mira los inmuebles del IPS (que son más de 1.000) y que eventualmente pueden ser enajenados. También están los fondos líquidos, que creo que son unos US$ 1.600 millones, en bancos”, afirmó.
Alertó que el borrador también contempla la intervención y sanción de algún ente previsional por “hechos irregulares relevantes”. Enumera unos cuantos supuestos hechos irregulares, pero finalmente se refiere a “otros hechos” a criterio de la Superintendencia.
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