Las palabras “racionalización”, “ajustes” o “austeridad” suelen emplearse en política fiscal como eufemismos para justificar recortes, desmantelamiento o eliminación de programas y recursos de manera indiscriminada, sin la debida justificación y que podrían generar algún tipo de reacción en contra. ¿Quién podría estar de desacuerdo con “racionalizar” el presupuesto y actuar con “austeridad” frente a tantos casos de corrupción, ineficiencia y privilegios?
Desde una perspectiva económica rigurosa, racionalizar el gasto público no equivale a gastar menos, sino a gastar mejor, reasignando recursos hacia intervenciones con alto retorno social y económico, eliminando sobrecostos y privilegios y blindando los programas que tienen elevados retornos sociales y económicos y contribuyen al desarrollo humano.
El aumento de la calidad del gasto no debe hacerse a costa de forzar el contrato social. Cualquier reforma debe cimentarse sobre el respeto a los derechos, la evaluación rigurosa y la participación de los sectores afectados.
El equilibrio fiscal no es un objetivo en sí mismo sino un medio para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la garantía de los derechos. El presupuesto público es el principal instrumento en el que se concretiza la Constitución. Por lo tanto, los gastos destinados a garantizar la salud, la educación, la protección social, la alimentación, la infraestructura para un crecimiento inclusivo o las fallas de mercado, entre otros, son obligaciones exigibles. La progresividad, la prohibición de regresividad o no retroceso, y la obligación de destinar hasta el máximo de los recursos...
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