AREGUÁ. La jueza penal de garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, ratificó en la fecha la medida cautelar de arresto domiciliario a Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), imputado por lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos. La fundación recibió el año pasado G. 5.105 millones, parte del fondo covid-1, que fueron desembolsados por la Gobernación de Central. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas entre otras anomalías.
La magistrada María Elena Cañete sostiene que el hecho que involucra a Tadeo Álvarez, titular de CIAP, “es muy grave” y rechazó los fundamentos presentados por la defensa del procesado que solicitó medidas alternativas a la prisión domiciliaria impuesta el pasado 4 de abril. Esta es la segunda vez que los abogados solicitan medidas menos gravosas que permitan al imputado, desplazarse en todo el territorio nacional sin ser molestado.
El Ministerio Público investiga a Álvarez Cristaldo, por la ejecución de G. 5.105 millones que fueron transferidos por la Gobernación de Central para la construcción y mejoras en espacios públicos de varias ciudades del departamento Central.
El recurso, es parte de US $1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Ejecutivo transfirió en diciembre de 2020 a la institución departamental para generar fuente de trabajo durante la pandemia. En este contexto, el exgobernador colorado cartista, Hugo Javier González Alegre, también fue imputado junto a otras 13 personas por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, al igual que Álvarez.
Auditorías y fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), confirmaron que la rendición de cuentas está plagada de groseras y alevosas irregularidades, como facturas clonadas, facturas anuladas, proveedores y empresas fantasmas, entre otros.
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