La concejal departamental Sandra Miranda lamentó el despojo del que está siendo víctima una familia en la Minga Guazú, donde la propia Intendencia y la Junta Municipal se basaron en documentos falsos para declarar...
La concejal departamental Sandra Miranda lamentó el despojo del que está siendo víctima una familia en la Minga Guazú, donde la propia Intendencia y la Junta Municipal se basaron en documentos falsos para declarar que un terreno es “presumiblemente municipal” y así autorización un fraccionamiento para repartir entre operadores políticos de diferentes partidos, entre ellos, el exintendente Digno Caballero, quien ahora busca su reelección, y el presidente de la Junta, Juan Carlos Friedeling (PLRA).
Miranda indicó en entrevista radial que “se está cometiendo prevaricato. Ellos tomaron la decisión sin tener las atribuciones para hacerlo, porque se contradicen. El presidente de la Junta no tiene idea de su función, y de cómo se tienen que tomar estas decisiones. Aparentemente, no se diferencia lo que significa una propiedad privada, un terreno municipal, que caso se considera, ¿quién tiene atribuciones?, en primer lugar”, resaltó.
Agregó que en el caso de la familia Mulder se está tratando sobre una propiedad rural, en la que no tiene que ver la Municipalidad. “En todo caso se deberían cumplir requisitos para solicitar una expropiación, que tampoco se configura”.
Recordó que “cuando se habla de expropiación, hay que tener en cuenta quién paga. Es el Estado, o sea, es el pueblo con sus impuestos. Y ¿quién es el que paga los impuestos?, las personas que trabajan y luego no reciben ningún beneficio. Este tema como se está manejando nos está llevando por un camino muy peligroso”, puntualizó.
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