El juez José Delmas declaró extinguida la acción penal contra Alfredo Stroessner Matiauda, a pedido de la fiscal Sonia Sanguinés, conforme al Art. 25 inc. 1° del CPP, que establece la extinción por muerte del imputado. El Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de Asunción resolvió declarar extinguida la acción penal contra el dictador Alfredo […]
El juez José Delmas declaró extinguida la acción penal contra Alfredo Stroessner Matiauda, a pedido de la fiscal Sonia Sanguinés, conforme al Art. 25 inc. 1° del CPP, que establece la extinción por muerte del imputado.
El Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de Asunción resolvió declarar extinguida la acción penal contra el dictador Alfredo Stroessner Matiauda, en una causa que lo vinculaba a hechos de tortura ocurridos durante su régimen, tras constatarse que había fallecido años antes de que se presentara la denuncia. La decisión fue tomada por el juez José Delmás, a pedido de la agente fiscal Sonia Sanguinés, conforme al artículo 25, inciso 1°, del Código Procesal Penal, que establece la extinción de la acción penal por muerte del imputado.
La investigación había sido iniciada el 14 de noviembre de 2012, a raíz de una denuncia verbal formulada por Valentín Centurión Molinas, quien relató haber sido víctima de tortura y persecución durante un año y seis meses en el año 1963, en el contexto de la dictadura militar encabezada por Stroessner. Centurión declaró que su carrera militar fue truncada a causa de estos hechos, y que permaneció exiliado hasta 1989. En su relato, señaló directamente a Stroessner como responsable de su sufrimiento.
Durante la fase preliminar, el Ministerio Público reunió documentos del Museo de la Justicia – Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se encontró material vinculado al denunciante en varios rollos microfilmados. Asimismo, la fiscalía convocó en reiteradas ocasiones al denunciante para que prestara declaración testimonial y se sometiera a evaluaciones psicológicas, sin que este haya comparecido a las citaciones. Esta inasistencia llevó a la fiscala Nancy Duarte a archivar provisionalmente la causa en 2013.
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