El juez Humberto Otazú hizo lugar al pedido de aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva solicitada por la defensa y estableció el arresto domiciliario para el agente policial Miguel Ángel Sosa Marecos, procesado por extorsión, cohecho pasivo agravado e inducción a un subordinado a un hecho punible. Según la imputación, el uniformado […]
El juez Humberto Otazú hizo lugar al pedido de aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva solicitada por la defensa y estableció el arresto domiciliario para el agente policial Miguel Ángel Sosa Marecos, procesado por extorsión, cohecho pasivo agravado e inducción a un subordinado a un hecho punible. Según la imputación, el uniformado exigió G. 3 millones a un joven para no atribuirle un hecho punible.
La postura de la defensa señala la existencia de hechos nuevos a partir de los testimonios prestados por el personal policial de la Comisaría 10ma, “que vienen a disipar enormemente el grado de sospecha sobre el Oficial Sosa.” Asimismo, señala que los imputados y la supuesta víctima han firmado un acuerdo de resarcimiento de daños, “por lo que se debería de extinguir la acción penal respecto al hecho punible de extorsión, situación que disminuye la expectativa de pena que podrían recibir y del mismo modo el peligro de fuga.”
Finalmente, la defensa solicita en caso de que se haga lugar al arresto domiciliario, con el otorgamiento de un permiso especial para asistir a un curso de ascenso en la jerarquía policial.
Teniendo en cuenta estos elementos, “el juzgado entiende que existen hechos nuevos sobre lo expuesto en el acta de imputación conforme a las declaraciones testificales señaladas, como así también el acta de procedimiento. Por otro lado, en atención que igualmente se requiere de la presencia del imputado por encontrarnos en etapa investigativa, el juzgado considera que se torna viable el levantamiento de la medida cautelar prisión preventiva”
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