El Gobierno paraguayo expulsó a cinco miembros del Primer Comando Capital al Brasil. La Policía Nacional confirma que existen vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y además sospecha que los criminales efectuarían acciones peores al ataque en la sede de Prosegur en Ciudad del Este.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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