La pelota quema en el caso contra el Prof. Dr. Gustavo Rodríguez Andersen, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) acusado por acoso sexual.
Esto en virtud a los “elementos de duda” –dijo– que se abrieron, tras la jugada de la defensa técnica que articuló dos excepciones: La extinción de la acción (por la “extemporaneidad” de la denuncia) y abandono y desistimiento de la querella.
“La querella se opuso, pero el fiscal (Julio Ortiz) se allanó a la excepción de extinción de la acción; eso significa que el fiscal renuncia en su acusación”, expuso el magistrado.
Indicó que, de acuerdo al diseño del esquema jurídico procesal, quien ejerce la titularidad de la acción penal pública es el Ministerio Público. “Si es que desiste de la acusación no puede avanzarse a un estadio como es un juicio oral y público. Ello tiene relevancia porque existirían elementos que podrían llevar a un estado de duda. Entonces antes que el juzgado se pronuncie, requiere escuchar la opinión del superior jerárquico que es la Fiscalía General”, argumentó Bóveda.
Especulación. Para Kattya González, abogada querellante en la causa, el juez asumió el papel de “Poncio Pilato”, ya que –a su criterio– pudo rechazar primero “por improcedente” las excepciones presentadas ante su Juzgado. “El juez no podía elevar la causa a juicio, pero sí podía rechazar los planteos (de la defensa) y derivar el trámite de oposición a la Fiscalía”, apuntó.
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